Es necesario abordar los derechos y las necesidades de las personas más desfavorecidas y priorizar su participación en la implementación de la Agenda 2030. Al mismo tiempo, es fundamental evitar que las estrategias de “no dejar a nadie atrás” contribuyan a la fragmentación social y a la estigmatización. Sobre todo en contextos de limitaciones fiscales y crecientes desigualdades, un enfoque centrado exclusivamente en quienes se encuentran en peor situación mediante programas muy específicos puede agravar las tensiones en torno a la asignación de recursos y contribuir a la creación de estereotipos perjudiciales e injusticias en la determinación de las desventajas y los privilegios.Por el contrario, las estrategias de “no dejar a nadie atrás” deben tener por objetivo la creación de un sentimiento de solidaridad por medio del reparto de riesgos, la redistribución y los programas universales. Si todos los/las ciudadanos/as se ven claramente beneficiados/as por dichos servicios, también es probable que aumente su disposición para contribuir a financiarlos mediante un sistema fiscal progresivo. Más que sustituir unas estrategias por otras, los gobiernos deben garantizarle el acceso a estos beneficios a los grupos que han sido históricamente excluidos y construir al mismo tiempo sistemas universales que se financien de manera colectiva y que sean utilizados por todos los grupos sociales.
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